Problemática
Gran parte de América Latina heredó sistemas de justicia penal inquisitoriales durante su respectivo período colonial y que conllevó a centenas de abusos de los derechos durante el debido proceso. Para revertir esta tendencia, sin embargo, recientemente la región ha implementado una ola de reformas al sistema de justicia penal acusatorio. Este artículo plantea la cuestión sobre la efectividad de las reformas institucionales para restringir el abuso sobre los acusados y presenta un caso de estudio sobre reformas exitosas para contrarrestar el legado de las instituciones coloniales y abusivas, tras examinar la reforma penal en México, aprobada en el año 2008.
Contexto
La tortura ha sido un problema generalizado en el sistema judicial aún después de la democratización de México e inclusive mostrando retrocesos tras la militarización de la seguridad provocada por la llamada “Guerra contra las drogas.” En 2008, una reforma constitucional cambió el sistema de justicia penal a un modelo oral y acusatorio, permitiendo a los presuntos culpables más derechos. Asimismo, la reforma erigió protecciones en contra de los abusos del sistema judicial. Entre 2014 y 2016, todos los estados en México tuvieron que reemplazar su código de procedimiento penales por un código único y estandarizado. Éste impuso controles estrictos en torno a los procedimientos para detener a presuntos culpables, creó una nueva estructura para que el poder judicial pudiese responsabilizar a la policía de sus actos, y condujo a un estricto marco normativo para aumentar la calidad de las pruebas en los tribunales.
Métodos
Utilizamos un enfoque de múltiples métodos que incluyó entrevistas con oficiales de la policía sobre cómo se sienten respecto a la adopción de la nueva reforma, y varios análisis estadísticos de la información recopilada por una encuesta representativa a nivel nacional a personas privadas de su libertad en México. Construimos medidas de diferentes tipos de tortura física y amenazas derivadas de preguntas sobre abusos sufridos durante el arresto y el juicio de un prisionero. Este análisis incluye una estrategia de identificación causal que explota la implementación escalonada de la reforma a nivel estatal para comparar los niveles reportados de tortura en todo México, a medida que la reforma entró en vigor.
Resultados
Conclusiones
El sistema inquisitivo de investigación criminal que existía en América Latina permitió violaciones generalizadas de los derechos del debido proceso, y en el caso mexicano, a través de la tortura. Sin embargo, un código de procedimientos penales reformado junto con la implementación de un sistema acusatorio novedoso redujo la tortura al:
Nuestros resultados sugieren que las reformas institucionales, incluso en un entorno con organizaciones delictivas activas y en contra del Estado, pueden restringir los abusos de los agentes estatales en contra de los presuntos culpables. Además, descubrimos que la policía ha tenido problemas para adaptar su trabajo a los requisitos del nuevo sistema y al identificar los desafíos que implica llevar a cabo investigaciones lejos de la dependencia de las confesiones usadas como evidencia.
Referencia
Magaloni, Beatriz and Rodriguez, Luis. (Forthcoming). Institutionalized Police Brutality: Torture, the Militarization of Security and the Reform of Inquisitorial Justice in Mexico." American Political Science Review
